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Derecho Humano a la Alimentación: Ley busca proteger el sistema que hace posible nuestros alimentos

Colombia vuelve a discutir una Ley Estatutaria para hacer exigible el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. El proyecto propone mirar los alimentos más allá del consumo y reconocer su relación con los territorios, los ecosistemas, las comunidades y los sistemas que hacen posible producirlos.

Cuando se habla del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la pregunta suele ser si hay suficiente comida para todos. Pero el debate es más amplio. También implica preguntarse quién produce los alimentos, en qué territorios se producen y qué ecosistemas hacen posible esa producción.

También plantea otra cuestión: ¿qué capacidad tienen las comunidades para participar en las decisiones sobre los alimentos y los territorios donde viven?

Estas preguntas vuelven al Congreso con la nueva radicación de un Proyecto de Ley Estatutaria sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. La iniciativa busca desarrollar este derecho fundamental y establecer las obligaciones del Estado para garantizarlo de manera efectiva.

El proyecto llega más de un año después de que el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada fuera reconocido constitucionalmente mediante el Acto Legislativo 01 de 2025. Ese reconocimiento fue un paso importante, pero todavía queda por definir cómo se convierte en una garantía concreta para la población.

Por eso, la Ley Estatutaria busca establecer el contenido del derecho, definir responsabilidades y crear mecanismos para hacerlo efectivo. Esta es la segunda vez que la iniciativa llega al Congreso y su propósito es evitar que el derecho a la alimentación quede solamente como un reconocimiento constitucional.

Te invitamos a leer esta seccion  que te ayudará a comprender en que consiste el sistema de vida que sustenta nuestra alimentación : Saboreando el territorio 


 

¿Qué es el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada?

El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada va más allá de tener alimentos disponibles. Implica que todas las personas puedan acceder de manera efectiva a una alimentación adecuada y que el Estado adopte medidas para garantizar este derecho.

La propuesta también incorpora una mirada sobre la forma en que se producen los alimentos. Por eso relaciona alimentación, territorio, participación comunitaria y sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

El proyecto desarrolla el mandato constitucional del artículo 65, define el contenido esencial de este derecho y establece obligaciones para el Estado. También incorpora mecanismos institucionales y comunitarios, fortalece la participación ciudadana y promueve la soberanía alimentaria y los modelos productivos sostenibles.

En ese sentido, la utilidad de la Ley Estatutaria estaría en convertir el reconocimiento constitucional en una garantía concreta. No se trata solamente de afirmar que la alimentación es un derecho. También se busca establecer qué debe hacer el Estado para garantizarlo.

Alimentos, territorio y ecosistemas: el alcance del proyecto de ley

Una frase del senador Alberto Benavides resume uno de los puntos centrales de la propuesta: “El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada reconoce que los alimentos y los ecosistemas en los que se producen no pueden reducirse a simple mercancía”.

La idea cambia la manera de mirar lo que llega a la mesa. Un alimento no aparece de manera aislada. Antes de llegar al consumidor existe un territorio, una fuente de agua, un ecosistema y una comunidad que participa en su producción.

También existen decisiones sobre el uso de la tierra y sobre las condiciones en las que campesinos, pescadores y otras comunidades pueden vivir y trabajar.

Por eso, el proyecto plantea que la alimentación debe entenderse como parte de un sistema. Los alimentos están relacionados con los territorios donde se producen y con los ecosistemas que sostienen esa producción.

Reducirlos únicamente a mercancías deja por fuera esas relaciones. La propuesta busca incorporarlas al debate sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.

¿Qué relación existe entre alimentación y soberanía alimentaria?

Para los impulsores del proyecto, la soberanía alimentaria también depende de la capacidad de las comunidades para participar en las decisiones que afectan sus sistemas alimentarios.

Benavides advierte que no habrá soberanía alimentaria si se rompen las conexiones entre las comunidades productoras y sus territorios. Desde esa perspectiva, quienes producen alimentos también deben tener capacidad para participar en las decisiones que afectan sus territorios y sus formas de vida.

Esto amplía la discusión. La alimentación no es solamente una cuestión de disponibilidad o consumo. También implica preguntarse quién produce, quién decide y qué relación tienen las comunidades con los lugares donde desarrollan sus actividades.

Cuando esas conexiones se debilitan, también disminuye la capacidad de las comunidades para incidir sobre aquello que producen y sobre el futuro de los territorios que habitan.

El proceso de construcción del proyecto refleja esa diversidad. La Comisión de Seguimiento al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada reúne organizaciones campesinas y agroecológicas, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, organizaciones de mujeres y ambientales, representantes del sector salud, academia y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La propuesta, según el documento de presentación, es resultado de un proceso técnico, jurídico y participativo construido desde esa articulación.

¿Qué cambiaría con la Ley Estatutaria de Alimentación?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es su visión integral del sistema alimentario. La discusión no se limita al momento en que una persona consume un alimento. También incluye lo que ocurre antes de que ese alimento llegue a la mesa.

En ese proceso aparecen los territorios, las formas de producción, las comunidades, los ecosistemas y las decisiones públicas que afectan el sistema alimentario.

El proyecto propone abordar esta relación desde los derechos humanos, la sostenibilidad y la justicia social, ambiental y territorial.

Camila Hoyos, profesional de incidencia de FIAN Colombia, ha explicado que la iniciativa desarrolla de manera específica el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y establece las obligaciones que debe cumplir el Estado.

Su alcance tampoco se limita a enfrentar el hambre y la malnutrición. La propuesta busca fortalecer la soberanía alimentaria, promover modelos productivos sostenibles y garantizar la participación efectiva de los titulares de derechos en las decisiones que afectan los sistemas alimentarios.

 

Las comunidades productoras también hacen parte del derecho a la alimentación

La propuesta lleva la discusión hacia quienes producen los alimentos y permanecen en los territorios.

En la declaración que acompaña la radicación, Benavides plantea la necesidad de reconocer las vidas campesinas, pescadoras y anfibias como formas legítimas de habitar, producir y sostener el país.

Este punto resulta central. Si el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada depende de los sistemas que hacen posible la producción, las condiciones de vida de las comunidades productoras también forman parte de esa discusión.

La pregunta entonces es territorial: ¿puede garantizarse plenamente el derecho a la alimentación sin proteger a las comunidades que producen y los ecosistemas donde se desarrolla esa producción?

La iniciativa plantea que la respuesta debe considerar la relación entre producción, territorio, ambiente y consumo.

El reto: convertir el derecho a la alimentación en una garantía real

La segunda radicación del proyecto abre un nuevo capítulo en el Congreso. Colombia ya reconoce constitucionalmente el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, pero ahora el desafío está en definir cómo ese reconocimiento se convierte en obligaciones, mecanismos y políticas públicas.

La Comisión de Seguimiento al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada ha contado con el acompañamiento de FIAN Colombia, organización que actualmente ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión.

Para Camila Hoyos, aprobar la Ley Estatutaria representa una oportunidad para convertir el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación en una garantía efectiva para toda la población.

En el fondo, el debate plantea una pregunta que va más allá de esta ley: si los alimentos dependen de territorios vivos y de comunidades capaces de producir y participar en las decisiones sobre su futuro, ¿cómo puede garantizarse el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada sin proteger esas relaciones?

La propuesta que vuelve al Congreso pone ese vínculo en el centro. Los alimentos no son únicamente productos que circulan hasta llegar a un consumidor. Son el resultado de relaciones entre naturaleza, territorio, trabajo y comunidad.

Ese puede ser uno de los mayores alcances de la Ley Estatutaria: que Colombia entienda el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada no solo como el derecho a recibir alimentos, sino como una garantía que obliga a proteger todo el sistema que hace posible producirlos.

Porque cuando se rompen las conexiones entre las comunidades productoras y sus territorios, también se debilita la soberanía alimentaria. Y cuando se deterioran los ecosistemas que sostienen la producción, lo que ocurre en el plato ya no puede separarse de lo que sucede en el territorio.

 

Marcela P.

Marcela P.

About Author

Soy una arquitecta y periodista ambiental con formación en sostenibilidad. Como fundadora de Congéneres BIC, mi objetivo es promover y visibilizar a aquellos que trabajan y actúan en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestros territorios. Mi visión es que, a través de Congéneres, podamos inspirarnos mutuamente para internalizar los principios de sostenibilidad y valorar la protección de nuestros recursos naturales.

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